Acceso a la Justicia presentó un informe en el que expone el deteriorado estado en el que están las sedes policiales, el Ministerio Público y el Poder Judicial, debido a factores como la corrupción y la falta de recursos económicos.
«En el período chavista se empezó a instrumentalizar el derecho y la justicia desde el poder para obtener fines políticos; paulatinamente, el Ejecutivo nacional se apoderó de todas las instituciones, las partidizó y, al mismo tiempo, destruyó la economía y la libertad de empresa con expropiaciones, nacionalizaciones, inseguridad jurídica, controles de precios y de ganancias», dice parte del informe La administración de justicia penal en Venezuela.
Añade que con esta estrategia, los gobiernos de Hugo Chávez y el de Nicolás Maduro, impusieron sus planes políticos y económicos y, además, silenciaron a quienes se oponían a ellos, en especial a los que hicieron uso de sus derechos constitucionales a la protesta, a la participación en los asuntos públicos y a la libertad de expresión.
A su juicio, el sistema de justicia penal solo existe en Venezuela para castigar y reprimir a opositores, críticos o quienes sean percibidos como tales.
«El mandato establecido en el artículo 26 de la Constitución es hoy letra muerta y los venezolanos se encuentran desprotegidos no solo ante la acción de la delincuencia sino del propio Estado, pues las instituciones encargadas de investigar y juzgar cualquier delito no son capaces de realizar dicha labor».
En el informe se explica además que la cooptación del Poder Judicial comenzó al entrar en vigor la carta magna de 1999, al no cumplirse cabalmente el procedimiento para designar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual produjo un efecto en cascada hacia el resto del sistema de administración de justicia.
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