La iniciativa “The Docket” de la Clooney Foundation for Justice y la organización de derechos humanos, Foro Penal, presentaron un informe con pruebas a la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
El informe describe el papel de 11 oficiales de varios rangos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad que incluyen tortura, detención arbitraria y abuso sexual en Venezuela. Las víctimas de estos delitos están vinculadas a la oposición política o son percibidas como tales por la actual administración.
“Los perpetradores se creen intocables ante el estado de derecho venezolano. De hecho, no es solo que lo crean, sino que en realidad son intocables”, dijo uno de los sobrevivientes que fue entrevistado por las dos organizaciones. “Así que hago un llamamiento, como ha hecho todo el mundo, a la comunidad internacional para que los perpetradores paguen por lo que hicieron y por lo que siguen haciendo”, añadió.
Las dos organizaciones presentaron esta evidencia a la CPI para que pueda investigar más a fondo estos presuntos crímenes. Realizaron entrevistas con más de 50 personas, incluidas víctimas directas y sus familiares y abogados, periodistas y exmiembros de la fiscalía y la judicatura venezolana.
Ignacio Jovtis, Gerente Senior de Programas en Docket, alertó que la situación en Venezuela es crítica, porque “estas horribles violaciones están ocurriendo incluso hoy” y por ello aseguró que es hora de enviar un mensaje claro a los perpetradores de crímenes internacionales “de que no se puede evitar la rendición de cuentas”.
Gonzalo Himiob Santomé, vicepresidente de la ONG Foro Penal, aseveró que la única manera de restaurar la fe de las víctimas en el estado de derecho es logrando justicia. “Si bien siempre hemos instado al gobierno venezolano a investigar y sancionar estos graves crímenes, no ha mostrado ninguna intención de emprender tales acciones con seriedad y sinceridad”, explicó .
Alfredo Romero, presidente de Foro Penal señaló que mujeres actualmente privadas de libertad como Emirlendris Benítez – quien fue víctima de tortura por parte de la DGCIM, y el defensor de derechos humanos Javier Tarazona – activista de derechos humanos detenido arbitrariamente por el SEBIN, son solo dos de muchos detenidos políticos que valientemente se han pronunciado para denunciar la tortura y detención arbitraria, con gran riesgo personal. “Dada la falta de una investigación genuina a nivel nacional, muchas víctimas que representamos ven a la CPI como su única esperanza de justicia y se lo debemos a las personas que se ponen en peligro para luchar por esa justicia”, comentó.
En noviembre de 2021, la CPI autorizó una investigación sobre la situación en Venezuela, lo que marca la primera vez que la Corte realiza una investigación en América Latina. La información reunida por las dos organizaciones podría hacer avanzar aún más la investigación de la CPI.