La justicia de Ecuador declaró nulo este jueves un juicio por el supuesto delito de peculado en la adjudicación de un campo petrolero, lo que abre una posibilidad para la liberación del exvicepresidente Jorge Glas, condenado también por otros casos de corrupción.
El tribunal resolvió «declarar la nulidad procesal de todo lo actuado a partir de la formulación de cargos, que fue presentada por la Fiscalía General» en 2019 en el denominado «Caso Singue», señaló la Corte Nacional de Justicia en un comunicado.
Con el fallo queda también revocada la sentencia en primera instancia de ocho años de prisión a la que habían sido condenados por este caso Glas, los exministros Wilson Pastor y Carlos Pareja, y otros cuatro funcionarios del gobierno del presidente socialista Rafael Correa (2007-2017).
Esto permitirá a la defensa de Glas solicitar su liberación al haber cumplido el 40% de su condena unificada impuesta por otros dos casos, según el código con el que fue juzgado.
Glas no podía beneficiarse de la unificación de penas mientras estuviera abierto el proceso del caso Singue.
El exvicepresidente fue sentenciado a seis y ocho años de cárcel por su participación en la trama de sobornos de la firma brasileña Odebrecht y reclamar dinero a empresarios a cambio de contratos con el Estado en el caso denominado «Sobornos 2012-2016».
«Hoy que ya tenemos la nulidad, que ya no existe este proceso penal o la sentencia del caso singue, yo creo que el juez de garantías penitenciarias de Quito resolverá inmediatamente la unificación de penas y obviamente la prelibertad», dijo al canal Teleamazonas el abogado de Glas, Edison Loaiza.
El exvicepresidente, que cumple su condena en una cárcel de Quito, quedó libre temporalmente en abril último, tras beneficiarse de un habeas corpus que luego fue revocado.
De acuerdo con la Corte Nacional, uno de los informes de Contraloría usados para abrir el caso «ya no existe jurídicamente» porque un tribunal administrativo declaró su «caducidad e ilegalidad».
«El día de hoy se ha hecho justicia mediante una sentencia de tipo jurídico. El fondo es que el Estado jamás fue perjudicado por este contrato de manera que yo estoy tranquilo, esperaba esto», declaró a la prensa Pastor, otro de los beneficiados con el fallo.
La Fiscalía, por su parte, expresó su «profunda preocupación» por la decisión del tribunal.
Al estar prohibido apelar un fallo de nulidad, la «Fiscalía solicitará los recursos horizontales previstos en la ley y continuará con las acciones de investigación», advirtió en un comunicado el ente acusador.
Según la Fiscalía, la adjudicación del bloque Singue, en 2012, generó un perjuicio para el Estado de unos 28,4 millones de dólares por errores en el cálculo de las reservas de crudo.
AFP.