La semana pasada, Nicaragua les retiró la nacionalidad a 94 ciudadanos -con lo que sube a 317 la cifra de apátridas en los últimos días- por sus críticas hacia Daniel Ortega, quien además ordenó el destierro de 222 ex prisioneros políticos, que fueron excarcelados y enviados en un avión a Estados Unidos.
Hasta ahora, los Gobiernos latinoamericanos no han condenado de forma unánime el caso de los 317 apátridas nicaragüenses, con la excepción de Chile.
Colombia y México han reaccionado con cautela, en tanto Brasil y Argentina han guardado silencio, al igual que el resto de los países centroamericanos.
En ese sentido, la ONG Save Democracy instó al resto de las democracias latinoamericanas a apoyar la lucha de los presos políticos y los llamó “a que se expresen contundentemente en contra de estas acciones totalitarias, y solidariamente brinden apoyo a los ciudadanos que han sido despojados de su nacionalidad y propiedad privada”.
En un comunicado, el organismo además expresó “su más profundo repudio a la violación sistemática, y cada vez más frecuente, de los derechos humanos en Nicaragua, incluyendo la privación ilegítima de la libertad y la flagrante violación del derecho a la nacionalidad y a la propiedad privada de numerosos nicaragüenses por intentar ejercer la libertad de expresión, la libertad de asociación y otros derechos políticos y sociales de carácter universal”.
“Las recientes reformas legislativas adoptadas por el gobierno de Daniel Ortega contravienen el derecho internacional en particular la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana sobre Derechos Humanos. En este gravísimo contexto socio-político, el régimen de Daniel Ortega continúa reprimiendo cualquier intento de renacimiento democrático”, resaltó Save Democracy.
Por último, esa ONG instó “al gobierno de Nicaragua a que garantice inmediatamente los derechos humanos de los ciudadanos, incluyendo el derecho de acceso a la justicia, el derecho al debido proceso, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la propiedad privada y, en este mismo sentido, exige la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por ser opositores políticos, incluyendo a quienes participan en organizaciones de la sociedad la civil y defienden los derechos de las mujeres”.
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