La fiscal general de Ecuador anunció este miércoles que su oficina pedirá que se formulen cargos contra el ex presidente Lenín Moreno y más de 30 personas por presunta corrupción, en relación con la construcción de la planta hidroeléctrica más grande del país andino.
La indagación previa, que comenzó en marzo de 2019, ahora tiene la documentación necesaria para que la fiscalía solicite a la Corte Nacional de Justicia la celebración de una audiencia por cargos del presunto delito de cohecho contra Moreno y otros 36 sospechosos, dijo la fiscal general Diana Salazar.
La investigación “da cuenta de una estructura de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, con un alcance interestatal y transnacional y que habría desarrollado sus acciones ilícitas entre 2009 y 2018″, dijo Salazar, en un mensaje publicado en redes sociales.
Moreno negó las acusaciones y dijo que le sorprendía la actuación de la fiscalía en momentos en que Ecuador vive una situación política compleja.
“No tengo ni tuve ninguna responsabilidad en la contratación de la obra ‘más emblemática’ de la Revolución Ciudadana”, dijo Moreno en referencia al grupo político del expresidente Rafael Correa, en una carta publicada en su cuenta de Twitter.
“Me defenderé con absoluto apego a la verdad”, agregó.
Moreno, quien fue presidente de Ecuador entre 2017 y 2021, y vicepresidente entre 2007 y 2013, ha dicho que las acusaciones en su contra fueron orquestadas por el ex presidente Rafael Correa, su antiguo mentor y más tarde su detractor.
Moreno, que usa silla de ruedas, ha hecho campaña por la inclusión de las personas con discapacidad desde que dejó el cargo y ahora parece residir en Paraguay.
La esposa de Moreno, una de sus hijas, dos de sus hermanos y dos cuñadas también se encuentran entre quienes la fiscalía relaciona con el caso.
Además involucró en el caso a dos ex gerentes de Coca Codo Sinclair y a dos ex representantes legales de la empresa china Sinohydro, encargada de la construcción de la central hidroeléctrica, así como funcionarios públicos.
“El monto del presunto cohecho sería de unos 76 millones de dólares, que corresponderían a aproximadamente el 4% del valor contratado de la obra, que inicialmente fue de casi 1.979 millones de dólares”, explico Salazar.
El precio final de la obra superó los 2.200 millones de dólares, dijo la fiscal, y agregó que los supuestos sobornos habrían sido entregados por Sinohydro y canalizados a través de terceros.
Con información de Infobae