Numerosos los motivos razonables más destacados que tiene la Misión de Determinación de los Hechos sobre lo que ocurre en Venezuela, en materia de la violación de los Derechos Humanos, luego de entrevistar, en persona o a distancia, a 256 personas. Tiene elementos la Misión “para creer que, desde 2020, hubo al menos 58 casos de personas detenidas arbitrariamente”, de las cuales 53 fueron en el marco de la represión selectiva de opositores del Gobierno, y cinco en las protestas. La mayoría fueron detenidas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) o el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
La Misión “recibió información sobre el uso de tortura psicológica, incluyendo amenazas de hacer daño a las parejas e hijos de los detenidos, imponerles mayores periodos o peores condiciones de detención, o someterlos a torturas o violación”.
“Las autoridades venezolanas no investigaron ni sancionaron las torturas y malos tratos, pese a existir denuncias. Ni el sistema de justicia ni la Defensoría del Pueblo han actuado con la diligencia debida. De esta manera, la impunidad por estos actos en casos que involucran a personas opositoras, o percibidas como tales, sigue siendo la norma”.
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Es muy revelador que “los hechos reportados por la misión son consistentes con el uso de la tortura y los malos tratos por parte de las autoridades del Estado para generar y perpetuar un clima de temor en la sociedad civil venezolana, y mostrar las consecuencias que podrían sufrir aquí”.
Algunas personas entrevistadas afirmaron que el impacto de los casos de tortura y malos tratos servían para aterrorizar a la sociedad civil e inhibir la disidencia, en particular el mantenimiento de salas de tortura en El Helicoide, así como de la “Casa de los Sueños”, ubicada en Boleíta”.
Por otra parte, “las autoridades venezolanas lejos de desmantelar las estructuras involucradas en patrones previos de violaciones de derechos humanos y delitos a través de reformas institucionales genuinas y de la rendición de cuentas, han mantenido o incluso ascendido a algunos de los individuos responsables”.
Aunque el informe no lo dice expresamente hay casos muy sonados de militares señalados de ser ascendidos, aunque han sido identificados como violadores de DDHH, tal es el caso del jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Tcnel. Alexander Enrique Granko Aretaga, GB Rafael Antonio Franco Quintero, GD Rafael Ramón Blanco Marrero
Incluso en junio 2023 el capitán (GNB) Juan Carlos Nieto Quintero señaló nuevamente al Vicepresidente del INEA, Capitán de Navío Germán Eduardo Gómez Lárez, como uno de sus torturadores, tal y como lo ratificó ante el Tribunal.
Tragedia hospitalaria, inflación y servicios
La Misión de Determinación de los Hechos destaca que su investigación tiene lugar en el marco de la crisis económica y humanitaria que vive Venezuela. De fuentes no gubernamentales han establecido que “para marzo de 2022, el 82,8% de los servicios de atención hospitalaria se encontraban inoperativos, lo que implica que unos 19,1 millones de personas dejaron de beneficiarse de estos servicios. La tasa de inflación anual en abril 2023 se situaba en el 400%, la tasa nacional más alta del mundo. Para agosto de 2023, al menos 7,71 millones de personas habían abandonado el país”. Consideran que las protestas están más vinculadas a condiciones laborales, acceso a la salud y servicios básicos, y escasez de alimentos o gasolina.
En el informe sobre Venezuela la Misión investigó cuatro muertes violentas de actores de la sociedad civil, de las que dijeron que era necesario “realizar investigaciones más profundas”
Dos de ellos eran comunicadores populares y activistas del chavismo: José Carmelo Bislick Acosta tenía un programa de radio en el estado Sucre. En el Zulia funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales asesinaron a Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres quien era hijo del director de Guacamaya TV.
Con información de Infobae