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AN investigará venta ilegal de acciones de empresas mixtas venezolanas de ROSNEFT a una trasnacional rusa

La Asamblea Nacional aprobó acuerdo que ordena a la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, conjuntamente con las Juntas Directivas Ad Hoc de PDVSA y de la Corporación Venezolana de Petróleo S.A., investigar sobre el presunto traspaso de la participación de las acciones que tiene la empresa ROSNEFT en las Empresas Mixtas venezolana Petrovictoria, Petromiranda, Petromonagas, Petroperijá y Boquerón, a una empresa propiedad del Gobierno Ruso.

El acuerdo aprobado en la sesión ordinaria de este martes 07 de abril, se advierte que de haberse hecho esta operación, se procederá a la aplicación de los procedimientos legales, por incumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y contractuales que regulan tal operación que ocasionaría un daño al patrimonio de la República.

Se establece además solicitar información a la empresa ROSNEFT, así como al Gobierno de la Federación Rusa, por intermedio de su Embajada en Venezuela, sobre la veracidad de la noticia publicada en la prensa internacional el pasado sábado 28 de marzo de 2020, en la cual se anuncia la presunta venta por parte de la empresa ROSNEFT, de todos sus activos y el 100% de su participación en las Empresas Mixtas venezolana Petrovictoria, Petromiranda, Petromonagas, Petroperijá y Boquerón, a una empresa propiedad de la Federación Rusa, en una transacción que sugiere una venta a cambio del 9.6% de participación de acciones en la propia ROSNEFT, valores que entrarían a la tesorería de ROSNEFT.

Se acordó igualmente invitar a la empresa ROSNEFT y al Gobierno de la Federación Rusa, así como a todas las empresas que participan como socias en las Empresas Mixtas, a revisar y respetar el marco jurídico de los hidrocarburos venezolanos, ya que el incumplimiento de las disposiciones legales puede acarrear severos daños que impactarían en las relaciones contractuales.

Se indica en el documento que la Asamblea Nacional se reserva la facultad de ejercer las acciones constitucionales y legales, contra aquellas personas que ilegalmente ejerzan cargos de función pública en el régimen usurpador e ilegal de Nicolás Maduro, que sean responsables del incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Constitución de la República, en la Ley Orgánica de Hidrocarburos y demás legislaciones y contratos que regulan las relaciones empresariales en esta materia.

El acuerdo aprobado por unanimidad fue presentado por el presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la AN, el diputado por el estado Zulia, Elías Matta, quien explicó, durante su intervención, vía digital, que la empresa ROSNEFT tiene unos 5 contratos con PDVSA, ilegales, entre ellos con las empresas Mixta Petrovictoria, Petromiranda, Petroperija, y Boqueron donde tiene en cada una de ellas 40 por ciento de las acciones.

Recordó el diputado zuliano que ROSNEFT tenía 17 por ciento de las acciones de la empresa Petromonagas, pero en el año 2016, el gobierno de Maduro, violando la Constitución le vendió 23 por ciento de las acciones, para que elevara hasta 40 por ciento su propiedad en Petromonagas.

“Esta Asamblea Nacional de manera responsable en su momento le advirtió a ROSNEFT que esta transacción tenía que ser aprobada por el parlamento venezolano, porque así lo establece el artículo 150 de la Constitución, de manera que esta transacción y las anteriores son ilegales”.

Afirmó que ahora ROSNEFT pretende vender esas acciones de las empresas venezolanas, que adquirió ilegalmente, a una empresa privada RUSA, aun cuando ya se le advirtió que esas negociaciones estaban violando la Constitución y las leyes venezolanas, que se refieren a los contratos de interés público nacional, que tienen que ser aprobados por la AN.

“Están violando los artículos 12, 150 y 187d e la Constitución Nacional, que obliga al parlamento a tener la responsabilidad de aprobar esos contratos y también se está quebrantando el artículo 33 de la ley Orgánica de Hidrocarburos, que establece que toda modificación de los términos y condiciones de los contratos de las empresas mixtas deben pasar por la Asamblea Nacional”.

Ante esta situación el diputado Matta en nombre de la Comisión de Energía y Petróleo, conjuntamente con las Juntas Administrativa Ad Hoc de PDVSA y de la CVP, solicitó a la plenaria de la Asamblea Nacional que ordene a esta tres instancias hacer seguimiento para verificar si esta negociación es real y de ser cierta la presidencia (e) de la República Bolivariana de Venezuela y la AN tendrán que tomar acciones para hacer cumplir la constitución y las leyes de la república.

Por su parte el diputado por el Distrito Capital, Jorge Millán, manifestó que estas operaciones ilegales de la empresa ROSNEFT, es parte de un proceso sistemático de destrucción de la industria petrolera venezolana, por parte del régimen, que desde hace tiempo se ha denunciado a través de la Comisión de Energía y Petróleo de la AN.

“Le hacemos un llamado a la empresa ROSNEFT y al gobierno Ruso a cumplir y respetar las leyes de la República de Venezuela. Saben bien que estas negociaciones, desde un principio, no fueron autorizadas por la Asamblea Nacional como manda la ley”.

Así mismo el diputado por el estado Falcón Luis Stefanelli, en su intervención indicó que es írrito cualquier contratación o acto que emane del gobierno usurpador de Maduro, por lo que es deber de esta Asamblea Nacional proteger los intereses de los venezolanos a través de este acuerdo.

”Se viola la Constitución de Venezuela en sus artículos 302 que reserva al estado venezolano la actividad petrolera, sobre todo la primaria, el 150 establece que todo contrato de interés público debe ser aprobado por el parlamento”.

Cerró el debate el diputado por el estado Nueva Esparta, Tobías Bolívar, quien reiteró la ilegalidad de esta transacción hecha por la empresa ROSNEFT. “Todo el que contrata con el régimen hace lo que le conviene en función de sus intereses. La empresa ROSNEFT asfixiada por la grave situación política y económica del régimen de Maduro ha optado por desprenderse de sus obligaciones, violando flagrantemente las normas constitucionales que rigen sus responsabilidades de contratación con Venezuela, por eso apoyamos el acuerdo para que se abra una investigación profunda sobre este caso