La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó este jueves una audiencia para recibir denuncias sobre la criminalización de los defensores y defensoras de DDHH en Venezuela en el contexto de la pandemia del coronavirus.
Participaron diversas ONG, como el Laboratorio de Paz, PROVEA, Acción Solidaria, los Centro de DDHH de la Universidad Metropolitana y la UCAB, Civilis, Prepara Familia, CEPAZ y Convite.
Asegura el relator de la CIDH que “en Venezuela hay ausencia del Estado de Derecho y solo en democracia hay respeto a los derechos Humanos”.
“Nos preocupa la situación que sucede en Venezuela y continuaremos acompañando al país en la defensa de los Derechos Humanos”, agregó.
Los solicitantes y participantes en esta audiencia, informaron sobre los patrones que se intensificaron en el contexto del Covid-19 y que vulneran el ejercicio de la defensa de Derechos Humanos como criminalización, campañas de estigmatización o inicio de procesos penales contra personas defensoras.
Feliciano Reyna:
- La emergencia humanitaria compleja se ha intensificado en gran escala en Venezuela.
- Al menos 19 millones de personas está en situación de pobreza multidimensional. Mientras que más de 13 millones en inseguridad alimentaria.
- Entre los patrones que quebrantan las garantías del derecho internacional de los DDHH destaca la criminalización de intensificada con negativa de registros sobre la presunción infundada de delitos de terrorismo, legitimación de capitales, instigación al odio, por defender derechos y prestar asistencia humanitaria. Se han registrado la persecución y la violencia sistemática contra activistas, periodistas y medios, líderes comunitarios, estudiantes, defensores por protestar e informar sobre las privaciones de libertad. Cinco trabajadores de Azul Positivo fueron detenidos, ahora están excarcelados, pero sin libertad plena.
Marino Alvarado:
- El régimen de Nicolás Maduro cree que Venezuela es un gran cuartel. Sin respetar a los sectores más vulnerables. La ausencia de criterios en una emergencia sanitaria. La aplicación del decreto de cuarentena se realiza de manera discrecional sin el claro entendimiento de que los derechos no pueden ser suspendidos aún en esta emergencia por la pandemia.
- Han jerarquizado el mantenimiento del control sobre la población y el orden sobre el territorio generando diversas vulneraciones a la ciudadanía. Han priorizado “la seguridad” por encima de la salud de todos los venezolanos y quienes habitan en el país.
- Además han afectado al personal de salud, a los comunicadores sociales, activistas políticos, defensores de derechos humanos, y sobre quienes han salido a exigir sus derechos ante el caos de los servicios públicos.
- En los primeros 10 meses del estado de alarma en Venezuela (marzo-diciembre 2020), fueron detenidas 258, sin contar las detenciones por pocas horas de otras personas por no cumplir con el uso del tapabocas o no cumplir otras medidas preventivas.
- De las 258 personas detenidas arbitrariamente 59 casos representan la detención de mujeres es decir el 22,8%. El mes de abril de 2020 se registró el mayor número de detenciones: 32,5% de ellos se realizaron en el Distrito Capital. Otras detenciones 29 Sindicalistas en el Distrito Capital.
- En el 2021 también se han detenido arbitrariamente a 5 activistas de Azul Positivo, el diputado Gilberto Sojo y el defensor del derecho al agua Jairo Pérez.
- La llamada Ley del Odio se consolida como un instrumento para criminalizar, controlar e informar sobre personas que hacen denuncias, critican, protestan y exigen derechos. La persecución por motivos políticos sigue siendo en Venezuela sistemática.
Acceso a la Justicia:
- Denunciamos el modelo del Estado Comunal de la AN oficialista, a pesar de haber sido rechazado en el 2007 durante la gestión de Hugo Chávez.
- No conocemos las 35 leyes que componen el Estado Comunal. Es una forma de estado de sociedad que acaba no solo con la sociedad civil organizada, sino también con el ciudadano, con la sociedad civil. Transforma a un grupo de ciudadanos en un órgano que son parte del Estado, pero también de una comunidad.
- La Ley de Ciudades Comunales. Aprobada en primera discusión. Cada ciudad tiene una carta fundacional, tienen poderes públicos. Son una réplica con cinco poderes públicas. No son elegidos por el voto universal directo y secreto. Tienen potestades y presupuestos públicos. Están sometidos al Ejecutivo nacional. Están para la construcción del socialismo.
- Esto empeorará la situación de la emergencia humanitaria y desaparecerá la sociedad civil organizada.
Beatriz Borges – Cepaz:
- Nos encontramos con un país en un entorno restrictivo, marcado con un patrón de criminalización, persecución, represión, campañas de estigmatización y represalias.
- Solicitan a la Comisión de la CIDH que rechacen y exijan el fin de la aplicación de patrones de criminalización, persecución y represión contra la sociedad civil venezolana por parte de las autoridades que controlan los poderes públicos.
- Demanden la restitución y garantía de los derechos.
- Requieran de las autoridades nacionales condiciones seguras y habilitantes para que la sociedad civil atendiendo a la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela implemente los programas y actividades humanitarios sin restricciones ni impedimentos indebidos
- Exijan a las autoridades nacionales y en particular al Poder Ejecutivo el cese de los avances de nuevas leyes que buscan una sociedad estatizada y que socavan el principio de independencia de la sociedad civil.
Misión Permanente designada por la AN ante la OEA – Gustavo Tarre Briceño:
- La situación de vulnerabilidad nos causa preocupación porque tratan de golpear a defensores de derechos humanos y a trabajadores que dedican a la defensa de los más desposeídos en el intento de llevar ayuda humanitaria ante la ausencia de protección.
- Respaldamos el desempeño de los defensores de los derechos humanos en Venezuela. Nuestra razón de ser el restablecer la democracia, el respeto de los derechos humanos y la vigencia de la Constitución Nacional.
- La Ley contra el Odio se ha convertido en un instrumento fuente de atropellos y una puerta abierta a la arbitrariedad. Con clausulas vagas e incompatibles con las clausulas del derecho en general.
- Pretenden vincular a las organizaciones de Derechos Humanos con terrorismo, crimen organizado, lavado de dinero. Son pretextos que usa una dictadura para golpear y perseguir a personas vistas como una amenaza contra el régimen.
Con información de Monitoreamos