Al filo del cierre del año, la dirección de Monómeros Colombo Venezolanos recibió una notificación de fondo sobre su futuro. La Superintendencia de Sociedades no acogió ninguno de sus argumentos y confirmó la medida de control anunciada en septiembre del año pasado.
La gigante de los fertilizantes, que en el 2020 vendió 792.000 millones de pesos, tendrá ahora sobre sus hombros el máximo grado de supervisión que el Gobierno colombiano le impone a una sociedad: la figura de control.
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Aunque esta no es una medida de coadministración, expropiación ni toma de posesión, sí se trata de una acción que busca que se tomen correctivos para subsanar una situación crítica de orden contable, económica, jurídica o administrativa.
En la Resolución -conocida en exclusiva por EL TIEMPO-, con la que la Supersociedades le cierra la puerta a las pretensiones de Monómeros, se explica la crítica situación que atraviesa la compañía.
A su actual gerente, Guillermo Rodríguez Lamprea, lo acusan de cocinar para beneficio propio jugosos negocios antes de ser gerente y ya en el cargo. De hecho, se investigan contratos que han dejado millonarias pérdidas.
Los argumentos de la Supersociedades
La Supersociedades resalta en su decisión las implicaciones que ha tenido sobre la sociedad la inclusión en la lista OFAC, que aunque tuvieron una licencia o excepción, no ha modificado la situación financiera. Además, el bloqueo cambiario impuesto por el sistema financiero dentro de las sanciones impuestas a la dictadura de Nicolás Maduro.
Esto no solo ha generado un alto sobrecosto en la operación «sino también, según sus propias proyecciones, dificultades en su liquidez y flujo de caja», se lee de la resolución.
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Además, tal como lo reveló EL TIEMPO, la sede de la gigante de los fertilizantes tiene serias afectaciones en su estructura. Un informe técnico reservado da cuenta del desprendimiento y degradación del concreto, grietas y un proceso de corrosión que afecta el acero de refuerzo de forma generalizada en las instalaciones.
Para subsanar esta situación, que pondría en riesgo a los trabajadores y la operación, se necesitarían 26.218 millones de pesos, en un plan a 5 años.
Con información de El Tiempo