evtv
Actualizados Venezuela

Provea alerta sobre “elevado riesgo” para los derechos fundamentales en Venezuela

ONG Provea denuncia criminalización de su labor tras acusaciones de Diosdado Cabello
Foto: Redes sociales de Provea

El coordinador de la organización no gubernamental Provea, Oscar Murillo, denunció este miércoles 4 de junio el grave deterioro de las garantías constitucionales en Venezuela, particularmente en lo que respecta a la libertad de expresión, el derecho de reunión y la manifestación pacífica.

Durante una concentración realizada en Caracas en exigencia de la libertad de los presos políticos, Murillo advirtió que “el país no es viable bajo estas condiciones de persecución generalizada”.

Te puede interesar: Régimen de Maduro convoca elecciones municipales para el 27 de julio

“Esto hay que decirlo con mucha responsabilidad: tenemos sobradas dudas sobre las investigaciones que se han hecho públicas. Venezuela no puede sostenerse en un clima donde impera la represión y el miedo”, afirmó.

Murillo denunció un “ataque sistemático y progresivo” contra ciudadanos críticos o incluso considerados como críticos por el régimen. “Estamos en un momento de elevado riesgo para el ejercicio de los derechos fundamentales”, aseveró.

Al referirse a las recientes detenciones por parte del régimen de Nicolás Maduro, el vocero de Provea señaló que esta nueva oleada represiva representa “un ataque a la pluralidad y al debate”. Enfatizó que el país necesita respuestas urgentes ante la crisis económica, el desempleo y la precariedad de las pensiones.

Murillo también condenó el aislamiento e incomunicación que sufren los detenidos en Venezuela. “Cuando una persona es privada de libertad, se le debe garantizar el contacto con su familia. Lo contrario solo agrava el sufrimiento y el dolor”, sostuvo.

Te puede interesar: Primer encuentro oficial entre el papa León XIV y Javier Milei será este sábado

Finalmente, responsabilizó al Ministerio Público por las violaciones a los derechos de los detenidos. “El fiscal general tiene el deber de garantizar los derechos de quienes han sido ilegítimamente privados de libertad”, concluyó.