En un comunicado emitido por todas las Academias en su conjunto y debido a lo que califican como una «sacudida» que ha vivido la opinión pública venezolana tras la muerte del Concejal Fernando Albán, proponen la creación de una comisión internacional de expertos independientes para la investigación del hecho.
Según la propuesta la comisión estaría coordinada por los sistemas de derechos humanos de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.
El comunicado reza lo siguiente:
“Las Academias Nacionales, en cumplimiento de los deberes ciudadanos y de conciencia de sus miembros, así como en acatamiento de los principios y fines que rigen su existencia jurídica, se pronuncian sobre el hecho de la muerte trágica del concejal del municipio Libertador de Caracas, Fernando Albán, ocurrida el 8 de octubre de 2018, y sobre las actuaciones de los órganos del Poder Nacional ante ese acontecimiento, los cuales configuran junto con otros hechos precedentes, una peligrosa tendencia que debemos rechazar”.
“Es un hecho público que el concejal Fernando Albán murió mientras se encontraba detenido sin orden judicial en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) desde el día 5 de octubre de 2018, luego de ser apresado en el ingreso migratorio del Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, y sin haber cumplido ese cuerpo policial con el deber de presentación oportuna de su persona y de su caso por ante la autoridad judicial competente, como lo establecen el artículo 44 de la Constitución y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos”.
“Es también conocido que, sin haber realizado la debida investigación del hecho, funcionarios del Ejecutivo Nacional y el Fiscal General de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente manifestaron ante medios de comunicación que se trataba de un “suicidio” por lanzamiento espontáneo del concejal Albán desde el piso 10 de la sede del SEBIN, situada en la Plaza Venezuela de Caracas, sin que hubiera coincidencia ni coherencia entre las versiones de ambas instituciones del Estado”.
Ante los hechos descritos por las Academias, los cuales son catalogados como arbitrarios, refiriendose a la detención ilegal del concejal, expresan “Por todo lo anterior, los hechos ocurridos deben ser objeto de una investigación imparcial, independiente, seria y oportuna, conforme a los estándares y protocolos internacionales, que permita determinar con certeza los hechos y que en su caso, identifique a los presuntos responsables, conduzca a su sanción proporcional y adecuada y repare a los familiares del concejal Albán. A los fines de cumplir con este objetivo, las Academias proponen a la sociedad y al Estado venezolanos, la conformación de una Comisión Internacional de Expertos Independientes con el apoyo del sistema de derechos humanos de la ONU y de la OEA, como ha sucedido en otros países latinoamericanos, a fin de que realice una investigación imparcial sobre los hechos ocurridos y presente un informe público en breve plazo ante las autoridades competentes del Estado”