Las autoridades de Curazao y Países Bajos violan los derechos de los venezolanos que buscan protección en el pequeño territorio caribeño, según un informe sobre derechos humanos divulgado este domingo que documenta 22 casos de abusos sufridos por ciudadanos de ese país, incluidos niños.
El informe titulado “Aún no hay seguridad: venezolanos privados de protección en Curazao”, elaborado por Amnistía Internacional, denuncia que entre las violaciones se incluyen la detención automática, malos tratos, separaciones familiares y la denegación de su derecho a solicitar asilo.
El informe indica que casi 5,7 millones de venezolanos han huido de la crisis de derechos humanos que sufre su país, lo que la convierte en una de las mayores tragedias de desplazados en el mundo.
Curazao, una isla caribeña parte del Reino de los Países Bajos, es uno de los países de destino de venezolanos, ya que se estima que 17.000 ciudadanos de ese estado sudamericano viven en situación irregular en ese territorio.
“Es inaceptable que el Reino de los Países Bajos haya apoyado a las autoridades de Curazao en el arresto, la detención y la deportación de personas que huyeron de Venezuela en busca de seguridad”, apunta en el informe Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“En lugar de hacer la ‘vista gorda’ mientras se violan los derechos humanos de las personas, las autoridades holandesas deben asegurarse de que reciben la protección internacional que necesitan”, agregó.
El informe subraya que la situación de los venezolanos que buscan protección en Curazao no ha mejorado desde que se publicó el informe “Detenidos y deportados” en 2018.
“Aunque Curazao introdujo un nuevo procedimiento de protección, todavía no cumple con las leyes y estándares internacionales de derechos humanos”, indica la organización de derechos humanos.
Por ejemplo, apunta que los venezolanos que llegan a Curazao son detenidos automáticamente por períodos de tiempo indefinidos en los que se les presiona para que firmen formularios de consentimiento para la deportación, además de tener acceso limitado a la asistencia jurídica.
“Las entrevistas de evaluación las llevan a cabo funcionarios del gobierno que también están a cargo de detener a los extranjeros en situación migratoria irregular”, indicó Amnistía Internacional.
El grupo de derechos humanos dijo estar profundamente preocupado porque, en consecuencia, Curazao envía a personas de regreso a Venezuela donde corren un gran riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos.