La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al régimen a garantizar el derecho al voto de los venezolanos que residen en el extranjero, sin distinción de su estatus migratorio.
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La CIDH, a través de un comunicado, afirmó que los impedimentos que enfrentan los venezolanos en el exterior para inscribirse en el Registro Electoral; violan los derechos políticos, afectan la integridad de la elección presidencial del 28 de julio y corroboran que el Poder Electoral carece de independencia.
La Constitución de Venezuela establece que pueden ser electoras todas las personas que hayan cumplido 18 años siempre que no estén inhabilitadas. Sin embargo, los consulados venezolanos, siguiendo instrucciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), están exigiendo una visa de residente, como única prueba válida para la inscripción en el Registro Electoral.
Para la CIDH esta exigencia desconoce que, millones de venezolanos que residen en el exterior carecen de una visa de residente, ya sea por no haber regularizado su estatus migratorio o porque cuentan con una documentación migratoria diferente, como el Permiso por Protección Temporal (en Colombia); el Permiso Temporal de Permanencia (en Perú); la Visa de Residencia Temporal de Excepción para Ciudadanos Venezolanos (en Ecuador), o la Residencia Temporal (en Chile).
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También resaltó que, tanto el artículo 23 de la Convención Americana, como el artículo XX de la Declaración Americana y la Carta Democrática Interamericana señalan que la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho, una responsabilidad y una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia.
Por tal motivo, exigir a millones de personas en el extranjero que presenten una visa de residente para inscribirse en el registro electoral y, en consecuencia, estar en condiciones de emitir el voto, es arbitrario y afecta la integridad de la elección presidencial. Asimismo, dijo que considerar inhabilitadas a votar a quienes no tienen visas de residencia representa una forma de criminalizar la migración pues, en la práctica, equipara a quienes salieron del país con personas condenadas por delitos.
La CIDH considera que es urgente que el Estado adopte las medidas necesarias para que los venezolanos que cumplan con los requisitos constitucionales puedan inscribirse en el registro electoral y votar en condiciones de igualdad con las demás nacionales.
Por último, reiteró que un compromiso genuino con la democracia exige que el Estado «reestablezca de manera inmediata la separación e independencia de los poderes públicos».