La Corte Suprema de Estados Unidos avaló este viernes una solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que permite al Gobierno de Donald Trump cancelar el estatus legal temporal de más de 500.000 inmigrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, beneficiados por medidas de la Administración Biden.
La Administración del presidente Donald Trump impugnaba una decisión previa de la jueza federal Indira Talwani, del Distrito de Massachusetts, quien había determinado que el gobierno no podía cancelar el estatus de cada individuo sin realizar una evaluación personalizada de su caso.
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La orden fue emitida sin una opinión extensa, aunque las juezas liberales Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor expresaron su disenso.
Jackson advirtió sobre las implicaciones humanas de la medida, señalando que la Corte no consideró “las devastadoras consecuencias de permitir que el Gobierno ponga fin precipitadamente a las vidas y medios de subsistencia de casi medio millón de no ciudadanos mientras sus reclamaciones legales están pendientes”.
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Adelys Ferro, directora de la organización Venezuelan American Caucus, explicó que con esta nueva decisión quedaría suspendida la validez de los permisos de trabajo y paroles humanitarios otorgados bajo el programa. No obstante, aclaró que la orden de la jueza Talwani que obliga al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) a seguir procesando cambios de estatus aún se mantiene vigente.
Ferro aclaró que el caso podría pasar a estar bajo revisión en una corte de apelaciones, por lo que recomendó esperar nuevas actualizaciones, que podrían ser publicadas próximamente en la página oficial del USCIS.
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