El Departamento de Estados Unidos (EE.UU.) anunció que limitará la obtención de visados a 100 funcionarios de Nicaragua, por atacar a las libertades civiles del pueblo nicaragüenses.
En este sentido, el secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, sostuvo que estos funcionarios fueron «señalados por su participación en actividades represivas, como el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA), así como la detención de defensores de las libertades civiles, entre ellos el obispo Rolando Álvarez».
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Este último, lleva un año en prisión tras ser detenido en agosto de 2022 en el palacio episcopal del departamento de Matagalpa, en el norte de Nicaragua.
Álvarez fue condenado a 26 años de prisión por delitos de «traición a la patria».
Tras su captura, el responsable de Latinoamérica en el Departamento de Estado, Brian Nichols, exigió su «libertad inmediata e incondicional».
Respecto a la UCA, considerada uno de los últimos bastiones de libertad de pensamiento en Nicaragua, tuvo que traspasar por orden de la Justicia sus activos muebles e inmuebles, así como sus cuentas bancarias, al Estado de Nicaragua, después de haber sido acusada de delitos de terrorismo.
Dentro de este orden de ideas, la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Venezuela se solidarizó con la universidad nicaragüense y expresó su preocupación al «ver que se use el poder del Estado para violar derechos humanos de toda una comunidad integrada en función de la búsqueda libre de conocimiento y el desarrollo».