Un juez federal en Estados Unidos concluyó que el gobierno del presidente Donald Trump «privó claramente» del debido proceso a un grupo de inmigrantes venezolanos que fueron expulsados y trasladados a una prisión de alta seguridad en El Salvador.
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La decisión fue emitida por el magistrado James Boasberg, quien previamente había dictaminado que los venezolanos tienen derecho a impugnar en tribunales las acusaciones del gobierno federal, que los vinculaban con la pandilla criminal Tren de Aragua, a pesar de no existir cargos formales ni condenas en su contra.
Boasberg otorgó a las autoridades federales un plazo de una semana para presentar un plan que garantice a los afectados la oportunidad de apelar su expulsión de Estados Unidos.
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“El Gobierno debe facilitar a la clase la posibilidad de solicitar el amparo para impugnar su expulsión en virtud de la ley. El alcance exacto de dicha facilitación se determinará en procedimientos futuros. Aunque la corte es consciente de que tal recurso puede implicar cuestiones delicadas de diplomacia o seguridad nacional que son competencia exclusiva del poder ejecutivo, también tiene la obligación constitucional de proporcionar un recurso que repare el daño causado”, sentenció Boasberg.
Asimismo, los magistrados explicaron que “los detenidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros deben recibir notificación después de la fecha de esta orden de que están sujetos a expulsión bajo la Ley. La notificación debe ser proporcionada dentro de un plazo razonable y de tal manera que les permita solicitar el amparo de hábeas corpus en la jurisdicción correspondiente antes de que dicha expulsión ocurra”.