La Agencia Tributaria pone el foco en una de las empresas implicadas en la causa abierta contra Raúl Morodo, el que fuera embajador en Venezuela con José Luis Rodríguez Zapatero. Hacienda ha detectado que la Consultora Alcander -bajo la lupa de la Justicia por sus inversiones inmobiliarias- canalizó 9 millones de euros entre 2011 y 2014 entre aportaciones de sus socios y de una empresa radicada en el caribe a las que se les dio apariencia de préstamos.
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude concluye en un informe al que ha tenido acceso Vozpopuli que tras medio año de investigación sobre los préstamos canalizados por la consultora, se han detectado «incongruencias» que hacen necesario practicar más diligencias para esclarecer la naturaleza de los ingresos y el destino de los fondos que salieron de esta firma. Los investigadores sospechan que empresarios del entorno de Morodo crearon la mercantil para introducir, presuntamente, comisiones irregulares que habrían percibido desde PDVSA, la principal petrolera de Venezuela.
Por ello el magistrado Alejandro Abascal encargó en octubre a la Agencia Tributaria que estudiase los préstamos que ordenaron sus socios, los empresarios Carlos Adolfo y Francisco Javier Prada Gómez, ambos implicados en este procedimiento penal. En el informe remitido a la Audiencia Nacional, el ente concluye que la consultora ligada a los Morodo se constituyó en abril de 2008 en Madrid con un capital social de 3.006 euros. En la misma participó también Juan Carlos Márquez Cabrera, el exalto cargo de la petrolera bolivariana que apareció ahorcado en la sede de esta firma en Madrid poco después de arrancar estas diligencias.
El documento de la Agencia Tributaria recoge una serie de «anomalías contables» en esta empresa clave de la causa relacionadas con activos no contabilizados (omitieron la existencia de depósitos) y la generación de pasivos ficticios. Como ejemplo destaca la compra de dos locales de lujo en Vía Augusta de Barcelona por un total de 2,45 millones de dólares. En la contabilización de la operación «llama la atención» a Hacienda que reflejen una deuda con el Banco Popular de 716.768 euros que, en realidad, «no existe» ya que la consultora no se subroga este préstamo.
Al respecto Hacienda concluye que utilizan sus cuentas bancarias para cuestiones ajenas de la mercantil vinculada al clan Morodo, lo que distorsiona su saldo contable. Ello unido al afloramiento de depósitos financieros no contabilizados y la creación de un pasivo financiero ficticio «permite cuestionar la imagen del patrimonio de la mercantil reflejado en los libros contables». De esta forma, la falta de información relativa a la inyección de fondos en la sociedad aviva la sospecha de la Policía Judicial de que la utilizaron para desviar partidas irregulares a través de préstamos y ampliaciones de capital simuladas.
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