En la víspera del primer aniversario del asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Chile, el abogado de su familia, Juan Carlos Manríquez, aseguró que existen “indicios serios” que apuntan al chavismo como responsable intelectual del crimen. Según el jurista, el asesinato no solo representó un hecho sin precedentes en Chile por su sofisticación, sino que también envió un mensaje de intimidación a los opositores del régimen: “nadie está a salvo”.
Ojeda, disidente del régimen de Nicolás Maduro y asilado político en Chile, fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 por un grupo de hombres que se hicieron pasar por agentes policiales. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que fue sacado en ropa interior de su apartamento en Santiago. Su cuerpo fue hallado diez días después, enterrado bajo un bloque de cemento en las afueras de la capital.
Hasta el momento, las investigaciones han llevado a la captura de varios miembros de una facción del Tren de Aragua en distintos países, incluyendo Chile, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos. Sin embargo, aún no se ha determinado quiénes fueron los autores intelectuales ni cuánto se pagó por el crimen, señaló Manríquez. La familia de Ojeda ha sostenido desde el inicio que el asesinato es parte de “un plan sistemático de persecución y eliminación de opositores políticos”, en el que podrían haber participado agentes estatales altamente preparados.
El Ministerio Público chileno también ha manifestado sus sospechas sobre la implicación del chavismo. A finales de enero, la Fiscalía reveló que un testigo clave identificó a Diosdado Cabello, actual ministro de Interior de Venezuela y figura clave del régimen, como la persona que ordenó y financió el asesinato de Ojeda.
En respuesta, Cabello negó su vinculación con el crimen y afirmó en su programa de televisión que las autoridades chilenas podrían resolver el caso fácilmente si “hurgaran bien”. No obstante, el gobierno de Gabriel Boric respalda la línea de investigación de la Fiscalía y ha advertido que, si se confirma la participación de Cabello, llevará el caso ante la Corte Penal Internacional.
“La Fiscalía cuenta con indicios criminalísticos serios. Hay al menos tres testimonios, más otras evidencias indirectas, que vinculan a miembros de la organización criminal con autoridades políticas o militares venezolanas”, concluyó Manríquez. La investigación sigue bajo reserva y se ha extendido por seis meses más, en un caso que ha tensado aún más las relaciones entre Chile y Venezuela.