Han pasado dos meses desde la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo por el régimen de Nicolás Maduro, y su familia sigue sin recibir información oficial sobre su paradero o los cargos en su contra.
«Son dos meses desde que me llamaste para decirme que no entendías por qué te estaban llevando a otra entrevista. Escucho tu voz y me angustia no saber en dónde ni cómo estás. Te extraño todos los días, Víctor extraña y pregunta por su papá», expresó su esposa, María Alexandra Gómez, en redes sociales.
Son dos meses desde que me llamaste para decirme que no entendías porque te estaban llevando a otra entrevista. Escucho tu voz y me angustia no saber en dónde ni cómo estás.
Te extraño todos los días, Víctor extraña y pregunta por su papá 💔Libertad Para Nahuel Gallo YA ❤️🩹🙏🏻 pic.twitter.com/WnmR5BPWrg
— Maria alexandra Gomez (@gg_alexand95764) February 9, 2025
Gallo fue detenido el 8 de diciembre, el mismo día en que debía reencontrarse con su familia tras siete meses separados. Hasta la fecha, no hay registro de una causa penal en su contra ni información sobre su estado de salud. «Todavía Nahuel no tiene ninguna causa penal abierta. No está registrado en ningún tribunal. Nada. Seguimos esperando aunque sea saber qué quieren hacer con él», denunció su esposa en una entrevista con Infobae.
Mientras su familia sigue exigiendo respuestas, el Gobierno argentino asegura estar trabajando en su liberación. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, evitó dar detalles sobre las negociaciones, pero afirmó que el caso es una prioridad: «No puedo hablar porque toda injerencia puede retrasar el proceso. Sí puedo asegurar que estamos trabajando día por día, hora por hora, para liberarlo».
El caso es aún más complejo debido a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela. El régimen de Maduro expulsó a los diplomáticos argentinos y mantiene bajo vigilancia la embajada en Caracas, donde se refugian cinco venezolanos perseguidos. Actualmente, la sede diplomática está bajo la protección del gobierno de Brasil, lo que dificulta una intervención directa de Argentina en el caso.