En todo el mundo, la pandemia del coronavirus ha generado niveles dramáticos en cuanto a la necesidad humanitaria.
Más de 70 personas, incluidas en grupos marginados, han sido desplazadas, resultando fuertemente afectadas.
Un trabajo especial de Provea, muestra cómo los refugiados y migrantes venezolanos en Colombia, han sido afectados por la pandemia que ha endurecido las barreras a la integración social y económica, como advierte Refugees International.
«Con los trabajadores no esenciales obligados a quedarse en casa, los servicios públicos debilitados, los recursos desviados y las organizaciones benéficas funcionando con una capacidad reducida, los venezolanos desplazados se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad», advierte.
Además, la organización señala que muchos han perdido o se arriesgan a perder el acceso a los ingresos, la vivienda, los alimentos y otras necesidades básicas.
El gobierno colombiano ha realizado grandes esfuerzos para incluir a los venezolanos en su respuesta a la pandemia.
Mientras, ha establecido el derecho de los venezolanos a realizarse pruebas y recibir tratamiento para el coronavirus y está trabajando con organizaciones humanitarias para ayudar a mantener a flote a las personas vulnerables.
Sin embargo, incluso antes del COVID-19, el gobierno carecía de la capacidad para hacer frente a la magnitud total de las necesidades de los venezolanos desplazados.
De hecho, Colombia había advertido a los donantes de que necesitaba más ayuda para apoyar a los millones de venezolanos que ya se encuentran en el país y a los que siguen llegando.
Sin embargo, la comunidad internacional ha aportado niveles de financiamiento relativamente escasos como respuesta.
En la actualidad, la pandemia de COVID-19 está diezmando la economía colombiana y exacerbando una situación humanitaria que ya era complicada, resalta RI.
«Ha afectado desproporcionadamente a los venezolanos desplazados, lo que ha provocado que decenas de miles regresen a Venezuela, un país donde perduran la agitación política, el fracaso económico, el colapso institucional, la represión y la violencia. Esta migración inversa, emprendida a pesar de los elevados riesgos que conlleva, es un trágico indicio de la desesperación a la que se enfrentan los venezolanos en Colombia».
«El avance significativo está en juego», advierte la ONG. De acuerdo al informe Colombia ha hecho mucho a lo largo de los años para acoger a sus vecinos mientras su «país se desmorona», creando importantes oportunidades para ayudar a numerosos venezolanos a integrarse en la sociedad colombiana.
«En este momento, el gobierno necesita actuar rápidamente para proteger a los desplazados forzosamente de los estragos de la pandemia», advierte RI.
De hecho, está tratando de brindar ayuda a los venezolanos incluso al mismo tiempo que responde a las necesidades de sus propios ciudadanos. Sin embargo, Refugees International alerta que los donantes no han conseguido igualar esta solidaridad aportando el financiamiento que posibilitaría una respuesta verdaderamente integral.
«La comunidad internacional debe dar un paso adelante y brindar un apoyo mucho más amplio para que Colombia pueda responder adecuadamente a las necesidades de los venezolanos desplazados», insta la ONG en su nuevo informe.
El impacto desproporcionado de la COVID-19 sobre los venezolanos desplazados
Las restricciones —comunes en las respuestas de muchos países a la crisis de salud pública— ejercen un impacto desproporcionadamente negativo en los refugiados y migrantes venezolanos.
Muchos viven en condiciones de hacinamiento en las que el distanciamiento social y el autoaislamiento resultan imposibles.
Alrededor del 90% de los venezolanos en Colombia trabajan en la economía sumergida, y apenas ganan lo suficiente para sobrevivir.
El confinamiento ha afectado en gran medida a estos trabajos. Desde el 31 de marzo hasta el 8 de abril de 2020, el GIFMM realizó una Evaluación Conjunta Rápida de Necesidades en 737 hogares venezolanos en Colombia.
En la encuesta, el 48% de los hogares manifestó no tener ninguna fuente de ingresos. De las personas con ingresos, el 84% declaró que eran insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Solo el 20% de los hogares indicó que el trabajo remunerado era una de sus principales fuentes de ingresos, en comparación con el 91% antes del confinamiento.
Sin posibilidad de trabajar, privados de las protecciones sociales y desprovistos de ahorros o redes de apoyo, los venezolanos no pueden pagar los alimentos, el alquiler u otras necesidades básicas.
Miles de ellos reivindicaron sus protestas en Bogotá a finales de marzo después de que se produjeran desalojos masivos.
Algunos propietarios expulsaron a sus inquilinos venezolanos porque no habían pagado el alquiler, mientras que otros los desalojaron en previsión de la privación de ingresos a la que se verían expuestos como consecuencia del confinamiento.
Si bien un decreto presidencial del 15 de abril impuso una moratoria sobre los desalojos que también protege a los refugiados y migrantes, los representantes de la sociedad civil informaron a Refugees International de que algunos propietarios han ignorado las medidas.
Mientras tanto, muchas de las organizaciones a las que los refugiados e inmigrantes normalmente podrían haber recurrido en momentos tan desesperados —incluidos los albergues y comedores sociales— han suspendido parcial o totalmente sus actividades debido al confinamiento.
Con información de: Provea