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ONU condenó la ley impuesta por los talibanes que silencia a las mujeres en Afganistán

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Foto: ONU-Pixabay

La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) condenó la ley impuesta por los talibanes que silencia a las mujeres en Afganistán.

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«Es una visión inquietante para el futuro de Afganistán, donde los inspectores morales tienen poderes discrecionales para amenazar y detener a cualquier persona sobre la base de listas amplias y a veces vagas de infracciones», afirmó Roza Otunbayeva, representante especial del secretario general y jefa de la UNAMA.

«Amplía las ya intolerables restricciones de los derechos de las mujeres y niñas afganas, e incluso el sonido de una voz femenina fuera del hogar parece considerarse una violación moral», dijo.

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Los talibanes anunciaron esta semana la ratificación de una «Ley sobre la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio», con 35 artículos que detallan restricciones significativas a la población afgana con mecanismos de aplicación arbitrarios y potencialmente severos.

La ONU alertó que el texto tiene impactos preocupantes en las libertades religiosas al ignorar toda la diversidad de las comunidades religiosas de Afganistán, e impone más restricciones que afectarán el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación.

«Después de décadas de guerra y en medio de una terrible crisis humanitaria, el pueblo afgano merece mucho mejor que ser amenazado o encarcelado si llega tarde a las oraciones, mira a un miembro del sexo opuesto que no es miembro de la familia o posee una foto de un ser querido», señaló Otunbayeva.

En un informe de la UNAMA publicado en julio se expusieron detalladamente las preocupaciones sobre las consecuencias para los derechos humanos de las políticas y actividades de supervisión moral de las autoridades de facto.

La UNAMA está estudiando la ley recientemente ratificada y sus consecuencias para el pueblo afgano, así como sus posibles repercusiones en la asistencia humanitaria de las Naciones Unidas y de otro tipo vital para el país, y pide aclaraciones a las autoridades de facto sobre varios artículos y planes para su aplicación.