La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Liz Throssell, afirmó que es profundamente alarmante la decisión del régimen de Nicaragua de prohibir otras 1.500 organizaciones de la sociedad civil en el país y que aproximadamente la mitad sean asociaciones religiosas.
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Con estos cierres, anunciados oficialmente el lunes, más de 5.000 organizaciones, entre ONG, medios de comunicación y universidades privadas, han visto cancelada su personería jurídica en Nicaragua, la mayoría de ellas desde finales de junio de 2022. Todos sus activos están bajo el control de la dictadura de Daniel Ortega.
Throssell señaló que el severo impacto de estas medidas sobre los derechos a la libertad de asociación y expresión, así como a la libertad de religión, hace que la defensa de los derechos humanos sea cada vez más difícil en Nicaragua. «De las organizaciones de la sociedad civil que siguen funcionando, muchas han optado por la autocensura o la disolución en medio de leyes restrictivas que restringen sus actividades», subrayó.
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Por ese motivo, hizo un llamado a las autoridades nicaragüenses para que dejen de imponer severas restricciones a los espacios cívicos y democráticos en el país, y garanticen que se respeten los derechos humanos, en línea con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos.
#Nicaragua: the decision to ban a further 1,500 civil society organisations is deeply alarming.
@volker_turk once again calls on the govt. to stop imposing severe restrictions on civic & democratic spaces in the country, & to ensure that human rights are respected.— UN Human Rights (@UNHumanRights) August 20, 2024