La organización Provea se pronunció este sábado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras la actualización sobre Venezuela presentada por el Alto Comisionado, Volker Turk.
Provea alertó sobre la intensificación de la represión en el país, especialmente en el contexto previo al 10 de enero de 2025, fecha clave para la consolidación del poder por parte del régimen de Nicolás Maduro, desconociendo los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio.
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La organización destacó que más de 2.000 personas fueron detenidas arbitrariamente tras los comicios del 28 de julio, cuyos resultados completos y verificables no han sido publicados hasta la fecha. Estas detenciones, según Provea, se han llevado a cabo con violaciones al debido proceso y garantías judiciales, y tienen el objetivo de castigar a la población civil por su expresión electoral.
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Asimismo, Provea respaldó el llamado del Alto Comisionado y del Fiscal de la Corte Penal Internacional para la liberación inmediata de todos los presos políticos. También exigieron atención médica urgente para la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, quien se encuentra en delicado estado de salud y requiere ser atendida por un profesional de su confianza.
En su intervención, Provea denunció el deterioro del espacio cívico en Venezuela, agravado por la reciente promulgación de la Ley de Fiscalización sobre las ONG y la Ley Bolívar. Estas normativas contemplan penas de prisión de hasta 30 años e inhabilitaciones políticas de hasta 60 años, consolidando el control estatal sobre las organizaciones civiles y los derechos de los ciudadanos.
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La organización señaló que estas leyes son un reflejo de la creciente represión documentada por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, que ha evidenciado la ausencia de independencia de los poderes públicos en Venezuela.