Era el 11 de abril de 2002, cuando un pronunciamiento militar que puso un agresivo fin -a la postre, efímero- al gobierno del entonces presidente, Hugo Chávez, también puso a algunos de los más comprometidos seguidores del comandante a buscar dónde esconderse de lo que, anticipaban, sería el ajuste de cuentas de la contrarrevolución.
Entre ellos estaba Carmen Porras, entonces Jueza Rectora del estado Táchira.
Algunos testigos aseguran que la vieron salir corriendo de la sede de los tribunales en San Cristóbal, la capital de ese estado andino, fronterizo con Colombia.
La historia posterior es bien sabida: Chávez fue restituido en el poder 47 horas más tarde. Con él regresó su corte. El giro ocurrió tan rápido como la versión que Porras ofrecería del episodio: aseguró que había resistido defendiendo la trinchera del poder judicial.
Desde entonces, su carrera empezó a ser otra, ya no de huída.
Porras, jueza que se graduó de Contaduría en 1979 y en Derecho en 1987 en la Universidad Católica del Táchira, para luego especializarse en Derecho Mercantil, vivió un ascenso meteórico dentro de la justicia chavista que ya en 2004 la llevó a Caracas para desempeñarse como magistrada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Un puesto que en principio demanda la más alta de las probidades pero que, bajo la autodenominada Revolución Bolivariana, exigía una fuerte lealtad política ante todo.
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