La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al régimen de Nicolás Maduro a adoptar medidas urgentes y adecuadas para reconstruir la independencia del Poder Judicial venezolano, ante la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La CIDH recordó que el pasado 18 de enero de 2022, la Asamblea Nacional chavista aprobó la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esta reforma redujo de 32 a 20 el número de magistrados integrantes del TSJ, sin prohibir la reelección de magistradas y magistrados cuyos períodos están próximos a finalizar.
A través de un comunicado, mencionó el cambio que hubo en la composición del comité de postulaciones de personas que aspiran a ser magistradas del TSJ, estableciendo que su mayoría estará integrada por personas diputadas en lugar de otros sectores de la sociedad.
Por este motivo, la CIDH reiteró que la reelección representa un factor de fragilidad para la independencia judicial, dado que una persona operadora de justicia que pretenda ser reelegida corre el riesgo de comportarse de tal modo que obtenga el apoyo de la autoridad encargada de tal decisión, o de que su comportamiento se perciba de este modo por los justiciables.
A criterio de la CIDH, aumentar el número de personas diputadas en el comité de postulaciones tiende a profundizar la crisis institucional debido a que las elecciones parlamentarias de 2020 no gozaron de condiciones mínimas para ser consideradas libres o justas.
En relación con este último punto, la CIDH resaltó que los mecanismos dirigidos a promover publicidad, participación y transparencia en la elección de personas magistradas contribuyen a tener mayor certeza sobre la integridad e idoneidad de las y los operadores designados, así como a brindar confianza a la ciudadanía sobre la objetividad del proceso de elección.