El cerco contra la libertad de prensa en Venezuela continúa estrechándose, como consecuencia de una política de Estado que ha “reducido” el ecosistema de medios en el país, coinciden defensores de derechos fundamentales que consideran, además, que la comunidad internacional ha sido “tolerante” ante el avance de regímenes autoritarios en la región.
Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, subraya que informar e informarse en Venezuela “tiene costos”.
“Costos en el sentido de que poder informar en Venezuela implica probablemente la posibilidad de que te puedan castigar o te puedan molestar por lo que hayas hecho, por la difusión de una información… e informarse implica que tienes que tener herramientas, esfuerzos para informarte, VPN, ver la manera cómo te enteras de la información. Eso, básicamente, es por la política estatal”.
De acuerdo con Espacio Público, el poder judicial se ha utilizado para hostigar a periodistas y medios y, en los últimos dos años, la denominada Ley contra el Odio ha “reducido” la posibilidad de expresarse con libertad.
“Las penas que se le aplican a una expresión de odio o pretendida expresión de odio son más duras que la que se aplicaría a un homicida. Entonces tú tienes una distorsión y se le ha aplicado a quién, a gente que distribuye información por grupos de WhatsApp, gente que distribuye información por redes sociales”, afirma Correa.
Ante la extinción de medios tradicionales independientes, los medios digitales se han vuelto clave para que los ciudadanos puedan mantenerse informados; pero desde 2018, la censura en el espacio digital, puntualmente contra páginas criticas al gobierno, es cada vez más frecuente y ha ido evolucionando, explica Andrés Azpúrua, director de “Ve Sin Filtro”.
“Ha ido empeorando con el tiempo, lo más reciente fue el bloqueo de cuatro dominios de distintos portales de noticias. Esto no solamente ocurrió en CANTV, el proveedor del Estado, sino proveedores privados también. Esto suele ocurrir por ordenes de CONATEL… sale de forma ilegal, suele ser de facto, nunca es con transparencia y nunca bajo orden judicial”, expone.
Tras una orden de embargo, la sede del diario El Nacional, ahora es propiedad del diputado chavista Diosdado Cabello.
VOA