La Fiscalía informó este viernes que emitió una orden de captura internacional contra 23 «falsos» directivos de la empresa venezolana de fertilizantes en Colombia, Monómeros, que es centro de disputa entre el régimen de Nicolás Maduro y el presidente interino Juan Guaidó.
El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, precisó en Twitter que las órdenes fueron acordadas en 2020 y «ratificadas» este mes.
La Fiscalía ya había abierto una investigación contra Guaidó por designar a los miembros de la junta directiva de la empresa que pasó a su control, luego de recibir en 2019 el apoyo del gobierno del expresidente de Colombia Iván Duque como «presidente interino» de Venezuela.
«El Ministerio Público está preparando un equipo de cinco funcionarios de alto nivel, tres fiscales que llevan el caso de Monómeros más dos directores vinculados al tema de la lucha contra la delincuencia organizada y contra la corrupción, para que en el propio territorio colombiano se pueda recabar toda la información actualizada», dijo el fiscal general a la AFP.
Queremos que «haya justicia, se den las extradiciones que hemos solicitado y que reine la máxima sanción en contra de estos criminales de la patria», añadió.
Los directivos, a quien Saab no identificó, están acusados por los delitos de «usurpación de funciones, legitimación de capitales y asociación para delinquir», detalló.
La junta directiva de Monómeros está integrada por un equipo de 15 personas, encabezado por Guillermo Rodríguez, quien figura como gerente general. La Contraloría General de Venezuela también ha informado que impondrá medidas contra los directivos: inhabilitaciones, prohibición de salida del país y movilizar cuentas bancarias en Venezuela.
La empresa es objeto de profundos cuestionamientos por parte del régimen de Maduro e incluso de la oposición venezolana que se ha enfrentado con Guaidó por este tema.
Los directivos de la empresa han sido señalados de cometer irregularidades y de buscar la quiebra para rematar la firma. En 2021, el sindicato de la compañía denunció un contrato, anulado después del escándalo, para traspasar 60% de las utilidades a una empresa privada panameña, así como pagos por «asesorías» que tildó de «innecesarias».
AFP.