La organización no gubernamental Aula Abierta informó este miércoles que en los últimos dos años ha computado, al menos, 371 episodios de arremetida del hampa contra varias universidades de Venezuela, incluyendo la Central (UCV), la principal del país y patrimonio mundial de la humanidad.
«Venezuela acumula 371 episodios de la arremetida del hampa contra las universidades desde el inicio del decreto de pandemia, el 13 de marzo de 2020, hasta mediados de marzo», dijo la ONG en un comunicado de prensa.
Sostuvo que este «elevado número de incidentes de inseguridad genera preocupación», puesto que «no solo afectan de manera estructural, sino también el funcionamiento de las universidades del país en las actividades de docencia, investigación y extensión, así como el proceso educativo en el que participarán miles de estudiantes y profesores venezolanos».
«También preocupa a la comunidad universitaria y a Aula Abierta la postura del Estado. Las autoridades, al tomar una posición de inacción ante estos delitos que atacan las universidades, violentan los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria», expresó la organización.
En 2022, Aula Abierta registró 24 incidentes de inseguridad en seis universidades del país, de los cuales 11 fueron en la Universidad de los Andes (ULA), ocho en la Universidad de Oriente (UDO), dos en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), y uno tanto en la Universidad del Zulia (LUZ), en la Universidad Central de Venezuela (UCV), como en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL).
La ONG detalló que, desde el 1 de enero hasta el 15 de marzo, se han suscitado 17 delitos «que atentan contra el desarrollo de la docencia, dos contra la investigación, tres contra los servicios estudiantiles y dos contra las dependencias universitarias».
En 2021, se documentaron 156 incidentes de inseguridad en 16 universidades autónomas de Venezuela.
En el caso de 2020, la organización registró denuncias de inacción por parte de las autoridades del Estado para investigar y sancionar a los responsables de los, al menos, 191 incidentes de inseguridad que ocurrieron entre marzo y diciembre de ese año.
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