Enrique Sánchez Falcón, procurador especial designado por el gobierno interino de Juan Guaidó, se declaró “pesimista” ante la posibilidad de que el nuevo gobierno colombiano mantenga la administración de Monómeros en manos de funcionarios de la oposición política de Venezuela.
“Soy pesimista, porque el reconocimiento del señor Gustavo Petro le ha hecho al gobierno de Maduro ha sido prácticamente pleno (…) creo que difícilmente se pueda lograr que se mantenga en buenas manos. Si se le pasa a la dictadura, sabemos lo que eso significa. Soy pesimista, creo que eso está cerrado”, remarcó durante una conferencia virtual.
La Superintendencia de Sociedades de Colombia intervino Monómeros en septiembre de 2021 bajo un régimen de supervisión máxima, entre denuncias de riesgo de liquidez y presunta corrupción de funcionarios cercanos a la dirigencia política opuesta al gobierno de Maduro, que permanece en el poder.
El presidente electo de Colombia y dirigente izquierdista, Gustavo Petro, declaró a principios de mes que piensa devolver el control de Monómeros al gobierno de Maduro, que el actual poder ejecutivo de Colombia desconoce como legítimo, con el fin de reducir los precios de los fertilizantes en su país.
Sánchez Falcón dijo no tener información oficial sobre la auditoría hecha por una compañía colombiana en Monómeros y cuyos resultados se conocerían en agosto, como aseguró a la Voz de América el gerente general de la empresa.
Tampoco ha escuchado o leído “ninguna explicación plausible” de los responsables de Monómeros sobre la contratación de la empresa LyonStreet, en abril de 2021, que contemplaba términos perniciosos para el activo venezolano.
Sánchez Falcón denunció que la “diatriba política” en la oposición venezolana ha entorpecido la discusión de un “presupuesto integral” para que su oficina pudiera cubrir gastos en litigios sobre activos y recursos del Estado.
“¿Cómo negociamos desde la posición de morosos y en algunos casos de maula? Sí ha afectado la diatriba política y la actitud de ciertos factores políticos”, dijo.
Minutos antes, consideró que es “una irresponsabilidad” dejar de invertir entre 20 y 40 millones de dólares para litigar juicios donde están en juego 40.000 millones de dólares pertenecientes al Estado venezolano.
Con información de Voz de América.